Edificio de la Gobernación es el nido de corrupción del departamento de San Andrés
Los tres últimos gobernadores que ha tenido el departamento de San Andrés han sido enviados a la guandoca por actos de corrupción.
El edificio que construyó Simón González Restrepo en la avenida Newball para que el ente territorial tuviera una sede apropiada para poder administrar la intendencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue bautizado El Coral Palace como un homenaje a los arrecifes coralinos de la isla que, al igual que los arrecifes del Caribe, presentan un deterioro progresivo.
Este edificio es ahora una huaca o un nido para nuestros mandatarios, donde se concentra la corrupción en el departamento de San Andrés, pues los últimos tres gobernadores que ha tenido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han sido enviados a la guandoca por actos de corrupción.
Allí un contrato o una orden de servicio que se suscriba por la suma de diez millones de pesos en adelante al parecer debe dejar por lo mínimo cinco millones de pesos al titular de la secretaría o al ‘calanchín’ que se utilice para poder hacerle directamente la exigencia al contratista.
Por los alrededores del edificio del Coral Palace se mantiene un político que se jacta con decir que tiene más de sesenta personas empleadas en la Gobernación.
La exigencia de dinero que se da en este panteón de la corrupción es un aberrante delito consentido por la persona extorsionada. Por ejemplo, un comerciante le dijo a EL CORREO que una vez que tuvo que importar cuarenta y cuatro equipos para hacer deportes el secretario lo obligó a pagar quinientos mil pesos por cada uno de los elementos para poder autorizar el trámite de la importación.
Entonces el periódico le exigió una declaración grabada para hacer la denuncia ante las autoridades, pero el comerciante se rehusó a hacerlo porque entonces no le volverían a aprobar más importaciones.
Lo mismo ocurre con los jóvenes que están siendo vinculados a la Administración por medio de órdenes de prestación de servicios, que deben entregar más del diez por ciento de su sueldo al jefe político que recomendó al gobernador hacer su contratación. Ellos dicen que no denuncian porque entonces no se les vuelve a llamar a trabajar.
Como si eso fuera poco, por los alrededores del edificio del Coral Palace se mantiene un político que se jacta con decir que tiene más de sesenta personas empleadas en la Gobernación y que cada una de ellas le debe entregar de su sueldo, mensualmente, la suma de quinientos mil pesos. Lo que significa que cada mes este personaje, que es un paradigma de la corrupción sanandresana, tiene ingresos como si fuera un parlamentario, recursos que son extraídos de la huaca en que se ha convertido el edificio de la Gobernación.
El ambiente que se respira en el interior de este edificio es malsano. Trabajar allí es vivir en un infierno. El servicio que ahí se le presta al usuario o pueblo de la isla es uno de los peores que se le puede dar a un ser humano.
El edificio Coral Palace tiene cuatro pisos, estructura en la cual se encuentran ubicadas casi todas las oficinas que sirven de sede a los secretarios del gobernador. Ahí en esas oficinas es donde se transa el saqueo de los recursos de la tesorería del departamento, pues a puerta cerrada el titular de la cartera o su ‘calanchín’ le dicen al beneficiario del contrato cuánto debe entregar mensualmente por la legalización de ese documento.
La coima o mordida es entregada por el mismo contratista al funcionario de la Gobernación en esa misma oficina durante el horario normal de trabajo.
Por lo general el secretario del despacho le obedece más a su jefe político que al gobernador. Por eso en estos casos muchos de los textos de la contratación que hace la Administración se construyen en la casa del jefe político, y más que el mandatario de turno, es él quien dispone a qué persona se le debe adjudicar y qué porcentaje, coima o mordida, debe pagar para que ese contrato sea legalizado.
Cuando el jefe político toma posesión de una, dos, tres y cuatro secretarías por haber financiado la campaña del gobernador, en esas oficinas se hace lo que a él le dé la gana. Allí se nombra como titular de esas carteras a personas que cumplan al pie de la letra lo que diga el patrón. Por eso un secretario que se negó a entregar a su jefe la suma mensual de un millón y medio de pesos de su sueldo fue sacado este año de la Gobernación.
Estas carteras también han sido negociadas, durante las campañas electorales pasadas, con personas vinculadas a las redes del narcotráfico, pues esta clase de dinero es una fuente de financiación muy apetecida por algunos aspirantes a la gobernación que la han utilizado para fortalecer su proyecto político y poder derrotar a sus contrincantes.
Por eso es normal en ese edificio, panteón de la corrupción, ver llegar al jefe político y encerrarse con el secretario o el mandatario por varias horas en los momentos en que el funcionario tiene la sala de espera atiborrada de personas que han apartado citas con muchas semanas de anticipación.
Es común durante las campañas políticas a la Gobernación observar a muchos candidatos negociar algunas secretarías con el propósito de obtener recursos para poder sacar adelante su proyecto político. En ese sentido reciben dinero de personas dedicadas al narcotráfico.
La exigencia de dinero que se da en este panteón de la corrupción es un aberrante delito consentido por la persona extorsionada.
El ambiente que se respira en el interior de este edificio es malsano. Trabajar allí es vivir en un infierno. El servicio que ahí se le presta al usuario o pueblo de la isla es uno de los peores que se le puede dar a un ser humano.
Si usted aspira a trabajar en la Gobernación debe tener cuidado con los documentos originales de su hoja de vida, pues es necesario sacar una copia y entregarla a la dependencia u oficina de ese ente territorial, porque si un día después decide retirarla no se la van a devolver porque ya ha sido echada a la caneca de la basura. Y si usted cree que hace mejor entregar ese folder personalmente al gobernador también se lo echan a la basura.
En este edificio también se encuentran subalternos intocables que hacen lo que les da la gana como, por ejemplo, contratar a la persona que ellos quieren y no el que diga el gobernador.
En algunos casos se ha visto que el mandatario no sabe qué firma, por eso hay subalternos que exigen un millón de pesos a personas allegadas para vincularlas a esa Administración.
