Fiscalía citó a audiencia de imputación a gobernador de San Andrés
Una decisión adversa contra el mandatario local postraría nuevamente al departamento en una interinidad y convertiría la tesorería de la Gobernación en uno de los botines de saqueo de la clase política de la capital del país.
La Fiscalía General de la Nación anunció oficialmente que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a audiencia de imputación al gobernador del departamento Everth Hawkins Sjogreen por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación presuntamente cometidos en la adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del covid-19. El ente de control reveló que se solicitará ante el juez de conocimiento la imposición de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad del mandatario en el lugar de domicilio.
En un comunicado expedido el día 3 de este mes, que no lleva ninguna firma, la Fiscalía sostiene que durante verificaciones hechas al contrato de publicidad se estableció que el gobernador del archipiélago, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente.
Adicionalmente, afirma el ente de control, el titular del caso estableció que la empresa Noel Fotos SAS, luego de suscribir el contrato por 500 millones de pesos, el 18 de marzo de 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de 86.800.000 de pesos. Y que dicha suma fue pagada por el departamento.
El gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido capturado ni está preso. En estos momentos está ejerciendo sus facultades de mandatario del archipiélago.
Para el funcionario, además de vulnerar principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, se generó un detrimento patrimonial, asegura el organismo investigador.
Explica el ente de control que en la visita de seguimiento realizada a San Andrés el pasado 27 de junio por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y la delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver; con el apoyo de la directora seccional, Tatiana Angulo Meléndez, se conocieron los pormenores de los hechos investigados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema y su impacto en la comunidad, principalmente, la afectación en los sectores de la salud, recreación y educación, por lo que se priorizaron tres casos más.
Sostiene el comunicado de la Fiscalía que, durante más de 45 días, investigadores del CTI y policía judicial de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia realizaron varias actividades y verificaciones al proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid-19. Como parte de las acciones judiciales definidas, el gobernador del departamento, Everth Julio Hawkins, fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo.
Aclara el ente investigador que, en atención a varias denuncias ciudadanas y revelaciones hechas por medios de comunicación, el 24 de abril del año en curso, la Fiscalía General de la Nación inició indagaciones sobre posibles irregularidades de contratación en la Gobernación de San Andrés.
El abogado Ramiro Bejarano reveló que los cargos contra el mandatario local tienen tufo de chivo expiatorio, pues pusieron a dirigir la persecución al tenebroso coordinador de fiscales ante la Corte, Gabriel Ramón Jaimes Durán. Asegura que convencen más las explicaciones del gobernador que las de Barbosa.
Le comenta una fuente a EL CORREO que, en el poco tiempo de estar en el cargo, el fiscal ha acumulado tanto desprestigio que no es fácil creer en la aplicación de una verdadera justicia para los colombianos.
Hay que esperar para ver qué tipo de show es el que tiene el ente investigador programado para la isla, en esta oportunidad. Explica la fuente que con el tremendo show que se montó el día ocho de diciembre del año 2018, cuando se dio captura al gobernador Ronald Housni Jaller y a otros doce funcionarios, los habitantes de esta ciudad tienen más que razón para no continuar creyendo en los entes de control de nuestra patria.
Explica el informante que el proceso que la Fiscalía venía siguiendo al mandatario del archipiélago estaba en una etapa inicial, pero que fue abortado por el organismo de control ante la presión de los medios de comunicación carroñeros de Bogotá, que carecen de moral, y que tanto daño le hacen al pueblo colombiano.
La Fiscalía lo que ha hecho es abrir una investigación en su contra para establecer si existen hechos punibles en algunos actos de su gobierno.
Con la acusación que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentará ante el juez de conocimiento se dará inicio a un juicio contra el gobernador del departamento que, de resultar adverso para el mandatario, el archipiélago volverá a quedar postrado en un período de interinidad y la tesorería de la Gobernación volverá a ser convertida en uno de los mejores botines de saqueo de la clase política corrupta de la capital del país.
Escenarios que le esperan al gobernador
En razón de su investidura, los gobernadores deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, previa acusación de la Fiscal General de la Nación. Por esa razón un fiscal delegado ha citado al mandatario del departamento Everth Hawkins Sjogreen a imputación de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en el lugar de domicilio.
En este caso el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ha solicitado una audiencia de imputación ante un magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá para comunicarle al gobernador que el ente de control le ha abierto una investigación por la comisión de los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La imputación es un acto de comunicación que se le hace al servidor público en medio de una audiencia. Contra este acto no procede ningún recurso, lo que quiere decir que el gobernador no podrá interponer ningún recurso de reposición ni de apelación en esta etapa de investigación, porque es una mera comunicación de los presuntos hechos punibles que el ente de control viene investigando. En esta audiencia lo único que el gobernador puede hacer es aceptar o negar los cargos formulados por la Fiscalía.
El departamento ha tenido diez gobernadores elegidos: cuatro han sido suspendidos por la Procuraduría, y cuatro han ido a parar a la cárcel.
Dice la fuente consultada por EL CORREO que si el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta la investigación, solicita medida de aseguramiento contra el gobernador durante la audiencia de imputación, el magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, que es el juez de control de garantías, terminará esa audiencia, y en el mismo sitio convocará inmediatamente otra audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para resolver la petición que ha hecho el órgano acusador.
Si el fiscal delegado no solicita medida de aseguramiento contra el gobernador, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que hace las veces de juez, terminará la audiencia de imputación de cargo y no podrá hacer nada contra el funcionario imputado.
Pero si el fiscal delegado pide medida de aseguramiento y le muestra al imputado evidencias y elementos materiales probatorios de los delitos formulados, ya considerados de gravedad por los hechos revelados en la audiencia de imputación de cargos, el magistrado tendrá la potestad de acoger o rechazar la solicitud del representante de la Fiscalía.
El magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, que es el juez de control de garantías, es la autoridad que decidirá en ese caso luego de ver las evidencias que le muestra el fiscal delegado, y podrá decretar la imposición de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad del mandatario local en el lugar de domicilio, o podrá considerar que los delitos que se le imputan al funcionario no ameriten esa sanción y decidirá si impone una medida restrictiva consistente en prohibirle al imputado salir del barrio donde reside, abandonar el departamento, y salir del territorio nacional. Cualquier cosa de estas puede ocurrir, pues cada magistrado de un Tribunal tiene un concepto diferente a su colega.
Ralph Newball Sotelo es considerado uno de los funcionarios más honestos que ha pisado el edificio más saqueado del departamento: El Coral Palace, sede de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
A estas alturas de la investigación, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación le permiten al juez de control de garantías aplicar una flexibilidad en la investigación, pues la norma así lo expresa. Cosa que no se puede hacer cuando ya se ha proferido sentencia condenatoria contra el acusado.
Mientras el imputado se encuentre en detención domiciliaria, y su proceso esté en la etapa de investigación, o haya sido condenado, el único que puede conceder permiso para seguir trabajando es el juez, ya sea el de control de garantías de la investigación o el de conocimiento después de la condena.
La fuente consultada dijo que no cree que a un servidor público con imposición de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en el lugar de domicilio se le permita trabajar desde su casa, pero aseguró que en este país cada magistrado tiene un criterio diferente y puede tomar cualquier decisión.
El gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido capturado ni está preso. En estos momentos está ejerciendo sus facultades de mandatario del archipiélago. El órgano acusador, es decir, en este caso la Fiscalía, lo que ha hecho es abrir una investigación en su contra para establecer si existen hechos punibles en algunos actos de gobierno que han sido denunciados por las redes sociales.
Lo que sí ha anticipado el ente investigador a los medios de comunicación es que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ya tomó la decisión de citar a audiencia de imputación al mandatario de los isleños. Habrá que esperar la fecha para la realización de ese acto. Mientras tanto la primera autoridad del departamento transcurre en la preparación de su defensa.
Gobernadores que han cogobernado con la Asamblea
Desde el día 4 de julio de 1991, años en que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasaron a ser uno de los 32 departamentos de Colombia, los isleños han elegidos diez gobernadores por voto popular, pero por las crisis políticas de interinidad que ha enfrentado el archipiélago por la suspensión de algunos de sus mandatarios, diez profesionales han sido encargados de la Gobernación.
El 22 de septiembre de 1990 mediante decreto 2233 el presidente César Gaviria nombró al abogado Kent Francis James intendente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los momentos que se encontraba a bordo de un avión de regreso a la isla. Al llegar al aeropuerto de la ciudad la Banda Intendencial, que lo espera para recibirlo con música, comenzó a interpretar ritmos típicos del archipiélago, y fue cuando se enteró que había sido designado como nuevo mandatario del ente territorial.
Pero el día jueves 4 de julio de 1991 fue promulgada la nueva constitución de Colombia, y el régimen electoral colombiano cambió y el intendente del archipiélago tuvo que asumir como gobernador del incipiente departamento a partir del día 27 de octubre de 1991 hasta el 2 de enero de 1992. Kent Francis James fue el primer gobernador del departamento que facilitó la transición de esta región de intendencia a departamento.
El domingo 27 de octubre de 1991 se cumplieron las primeras elecciones para gobernación en todo el territorio nacional y los sanandresanos escogieron al exintendente Simón González Restrepo (q. e. p. d.), que asumió el mandato el 2 de enero de 1992 y gobernó hasta el 31 de diciembre de 1994. En las horas de la tarde del día 22 de septiembre del año 2003 Simón González Restrepo falleció en la ciudad de Medellín.
Gobernadores elegidos
Simón González Restrepo (2 de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1994).
Antonio Manuel Stephens (1 de enero de 1995 al 26 de septiembre 1997).
Leslie Maffya Bent Archbold (1 de enero de 1998 al 7 de mayo de 1999).
Ralph Newball Sotelo (20 de marzo de 2000 al 22 de mayo de 2002).
Susanie Davis Bryan (20 de marzo de 2003 al 11 de agosto de 2005).
Álvaro Segundo Archbold Núñez (12 de agosto de 2005 al 31 de diciembre de 2007).
Pedro Claver Gallardo Forbes (1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011).
Aury Socorro Guerrero Bowie (1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015).
Ronald Housni Jaller (1 de enero de 2016 al 23 de abril de 2018).
Everth Julio Hawkins Sjogreen (1 de enero de 2020, actual gobernador.
Gobernadores suspendidos
Antonio Manuel Stephens
El día 29 de octubre de 1997 la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el gobernador Antonio Manuel Stephens y a nueve funcionarios más por violación a las normas de contratación administrativa en la adjudicación de obras que sumaban los 2.286 millones de pesos y la inapropiada utilización de la figura denominada urgencia manifiesta.
La Fiscalía también lo capturó el 22 de septiembre de 1997 y le dio la casa por cárcel, por adquirir un título de capitalización a nombre del departamento por 960.000.000 de pesos, a dos años, el cual fue cobrado antes de su vencimiento, lo que habría ocasionado una pérdida para las finanzas locales por 64.000.000 de pesos.
El 27 de septiembre del año 2000 la Corte Suprema de Justicia condenó al mandatario Antonio Manuel Stephens a la pena principal de 52 meses de prisión y multa en cuantía equivalente a 22 salarios mínimos legales mensuales, al declararlo penalmente responsable de los delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y peculado culposo, cometidos en concurso en ejercicio del cargo de gobernador del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Leslie Maffya Bent Archbold
El mandatario fue suspendido el 26 de abril de 1999 por la Procuraduría, y el 11 de mayo de ese mismo año la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención por los presuntos delitos de peculado por apropiación y aplicación diferente.
El 14 de noviembre de 1999 la Procuraduría destituyó al gobernador Leslie Maffya Bent Archbold (q. e. p. d.) por las preferencias que tuvo su administración en la asignación de una consultoría a uno de sus asesores por un valor de 32.000.000 de pesos para la creación de la empresa de Licores de San Andrés.
Al funcionario también se le investigó por un segundo contrato que hace referencia a la elaboración de 1.040 placas para motocicletas y 1.000 para automóviles. La Procuraduría dijo que no se consultaron los precios del mercado, lo que conllevó a sobrecostos no detallados por el Ministerio Público.
Asimismo, al mandatario también se le investigó por las irregularidades en la financiación del Festival de la Arena y el Mar en la isla en el mes de agosto del año 1999.
El Ministerio Público le confirmó una inhabilidad de dos años para ejercer cargos públicos.
Alrededor de las 8:00 de la noche del día martes 24 de mayo de 2016 Leslie Maffya Bent Archbold falleció en la clínica El Rosario, ubicada en el sector de El Poblado de la ciudad de Medellín.
Ralph Newball Sotelo
El 18 de mayo de 2002 el procurador general de la nación Edgardo Maya Villazón ordenó la suspensión provisional por tres meses del gobernador Ralph Newball Sotelo por no tomar medidas tendientes a resolver el bloqueo de la vía de acceso al basurero de la isla, que estaba en manos de un grupo de pobladores del sector de Schooner Bight.
Newball Sotelo, hasta el momento, ha sido el único mandatario de los isleños que se ha enfrentado al centralismo y a la clase política corrupta colombiana. Es considerado uno de los funcionarios más honestos que ha pisado el edificio más saqueado del departamento: El Coral Palace, sede de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Ronald Housni Jaller
El día viernes 20 de abril de 2018 la Procuraduría suspendió por un término de tres meses al gobernador Ronald Housni Jaller. El Ministerio Público lo acusó de ser responsable del deterioro de los servicios médicos en el departamento y no tomó las medidas para superarlo. Dice el ente de control que en los registros se pudo constatar que al menos 10 pacientes, por los que el hospital Clarence Lynd Newball Memorial pagó suministro de oxígeno en los últimos meses, están muertos, ya no necesitan o nunca hicieron uso de este.
El día 23 de abril el Ministerio Público impuso una nueva suspensión por un término de diez meses al mandatario de las islas esta vez por irregularidades en la suscripción de un convenio para la celebración del Green Moon Festival, que se realizó en septiembre del año 2017.
El día 8 de octubre el gobernador del archipiélago, que se encontraba suspendido por la Procuraduría, fue capturado por la Fiscalía por hacer parte de una red de corrupción utilizada para desviar recursos que desangró a San Andrés durante siete años, que generó un detrimento patrimonial que superó los once mil millones de pesos.
Con Housni Jaller fueron capturados la exgobernadora Aury Socorro Guerrero Bowie y ocho funcionarios más de la Gobernación del departamento.
Después de aceptar los delitos que le fueron imputados, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador Ronald Housni Jaller a 90,75 meses de prisión (7,5 años), por su responsabilidad, como coautor, en un delito de concierto para delinquir agravado, y lo obligó a pagar una multa de más de 2.435 millones de pesos, según sentencia conocida el día 3 de octubre del año 2019.
Gobernadores encargados
Jhon Jairo Obando, secretario de Hacienda, del 26 de septiembre de 1997 al 10 de octubre de 1997.
Cristina Mitchell Hunter, secretaria de Gobierno, del 10 de octubre de 1997 al 31 de diciembre de 1997. Se posesionó como gobernadora encargada de San Andrés y Providencia el día 10 de octubre de 1997, mediante decreto presidencial 2471 de 1997.
Organizó las elecciones del domingo 26 de octubre de 1997, que dieron como gobernador a Leslie Maffya Bent Archbold.
David Soto Uribe, del 7 de mayo de 1999 al 23 de junio de 1999.
Félix Palacio Stephens, del 23 de junio de 1999 al 30 de julio de 1999.
Silvio César Casagrande May, del 30 de julio de 1999 al 19 de marzo de 2000.
Álvaro Segundo Archbold Núñez, del 22 de mayo de 2002 al 19 de marzo de 2003.
Sandra Victoria Howard Taylor, del 23 de abril de 2018 al 23 de julio de 2018.
Alaín Enrique Manjarrés Flórez, del 23 de julio de 2018 al 21 de octubre de 2018.
Juan Francisco Herrera Leal, del 21 de octubre de 2018 al 12 de septiembre de 2019.
Tonney Gene Salazar, del 12 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
