Modelo económico de la isla comenzó a derrumbarse y parece estar llegando a su fin
El desmoronamiento de la economía se da por el cierre de unos ocho mil establecimientos comerciales que funcionan en la ciudad como una medida para contener la propagación de la pandemia del coronavirus en la población de la isla.
El modelo económico de la isla de San Andrés que comenzó a construirse con la afluencia de inmigrantes colombianos, extranjeros, principalmente árabes y judíos, que llegaron a establecerse como comerciantes después de la declaración del puerto libre en 1953, comenzó a derrumbarse y parece estar llegando a su fin.
Así comenzó a observarse en la última semana de abril cuando comerciantes de la capital del archipiélago decidieron uno tras de otros desocupar inmuebles supremamente costosos que estaban utilizando en calidad de arriendo y optar por cerrar sus empresas y despedir el personal que tenían vinculado desde años atrás.
El desmoronamiento de la economía de la isla se da cuarenta días después que el Gobierno nacional autorizó a los alcaldes y gobernadores imponer la medida de cuarentena y confinamiento a sus moradores para tratar de contener el contagio con el virus covid-19.
Durante el curso de la última semana de abril fueron desocupados y entregados a sus arrendadores más de quince locales comerciales, entre ellos perfumerías. El empresario Oscar Arzuza decidió entregar un local que tenía en la Jaiba.
La economía de la isla de San Andrés será la más afectada en Colombia por los efectos de la pandemia sanitaria del coronavirus. Más del noventa por ciento de la población deriva su sustento de la industria del turismo, que se constituye en la locomotora de desarrollo de la ciudad, pues la hotelería, comercio, restaurante y construcción, generan el mayor número de empleos en la isla.
Según datos suministrados por una fuente allegada a la Cámara de Comercio, el sector hotelero genera 28.000 empleos; la construcción y otros renglones de la economía también ocupan una mano de obra cercana a 25.000 residentes en la isla.
Durante el curso de la última semana de abril fueron desocupados y entregados a sus arrendadores más de quince locales comerciales, entre ellos perfumerías. Por ejemplo, el empresario Oscar Arzuza decidió entregar un local que tenía en la Jaiba; dos establecimientos que tenía la marca Levi’s en las avenidas Duarte Blum y Providencia también fueron desocupados. Asimismo, la empresa propietaria de los almacenes Zaida, ubicados en las avenidas Duarte Blum, Las Américas y Colón, al parecer inició el trámite para la entrega de los locales donde funcionan los establecimientos. Y en el edificio del señor Ali Waked también fueron desocupados cuatro locales comerciales.
Una poderosa empresa que tiene almacenes en los más importantes puntos de la ciudad se apresta a cerrar cuatro de sus establecimientos comerciales.
Una fuente allegada al sector comercial le contó a EL CORREO que por lo menos un ochenta por ciento de las empresas de la isla ya está despidiendo a sus trabajadores por la crisis causada por el coronavirus.
El local de la cadena de almacenes JR que está ubicado frente al antiguo Cañón de Morgan, al parecer ya anunció al dueño del inmueble que va a cerrar sus puertas.
En la zona comercial de San Andrés, localizada en la parte norte de la isla, el canon de arrendamiento más barato no se baja de ocho millones de pesos mensual. Hay almacenes grandes que tienen locales que pagan entre quince millones de pesos y veinte millones de pesos. También se dice que el canon de arrendamiento más alto que se paga actualmente en la ciudad podría alcanzar los veinticinco millones de pesos por mes.
Hasta la década del noventa imperó en el comercio de la ciudad una norma impuesta por los arrendadores de solicitar al arrendatario una prima que llegó a superar los 150.000 dólares para poder hacer uso del inmueble.
Un comerciante dijo que después que pase la pandemia los valores de los arriendos se pondrán por el suelo, como se observó a comienzo de este siglo. También anticipó el informante que vendrá una guerra de hambre y se disparará la delincuencia como nunca se ha visto en esta ciudad.
Consecuencias del puerto libre
Un historiador le comentó a EL CORREO que la crisis económica que comenzó a padecer el comercio local por la emergencia sanitaria del coronavirus le hace recordar la crítica situación que vivió la isla en el año 1964 cuando los gremios económicos de la capital de la República obligaron al Gobierno de Guillermo León Valencia a cerrar el puerto libre.
Un estudio del Banco de la República sostiene que la marginalización económica, cultural y social de los raizales resultó ser el problema más serio que dejó a la isla la declaratoria de puerto libre en 1953.
Uno de los cambios más dramáticos que se dio en la población raizal se debió a la afluencia de inmigrantes colombianos y extranjeros. En 1962, los raizales inscritos como comerciantes representaban solo el 14.6 %, y su capital era de apenas el 8 % del total de los negocios inscritos en la Cámara de Comercio. Se ha considerado que el legado del puerto libre fue negativo en muchos campos, como se puede ver hoy en las calles de la ciudad. Una infraestructura turística deficiente, una mala calidad en los servicios públicos, el deterioro del ecosistema y una superpoblación, que, según Coralina, es la causante del deterioro del medioambiente.
El enorme crecimiento de la población fue posible a la inmigración. En el censo de 1964 los inmigrantes representaron el 50.6 %. Y los raizales sólo participaban con el 13.7 % de todos los empleos que se generaban en la ciudad insular. La población de la capital del archipiélago pasó de 3.705 habitantes en 1951, a 14.413 en el censo de 1964. En 1993 la población estaba ya en 56.361 habitantes.
